Participación ciudadana: avances y retos
Fecha: 2017-03-22

De forma práctica, cada autor que ha analizado el tema, se ha pronunciado por lo que considera elementos indispensables para contar con una auténtica y transparente participación ciudadana.  Por ejemplo, para algunos, son necesarias ciertas condiciones básicas como respeto a las garantías individuales; canales institucionales eficientes; existencia de marcos jurídicos, así como la generación de confianza por parte de la ciudadanía. 

Sin embargo, pudiera parecer difícil que el ideal de la participación ciudadana alcance la plena vigencia. Ante ello preguntamos, ¿cómo es posible, escuchar y atender al cien por ciento de las opiniones sociales y más aún, integrarlas en los proyecto de gobierno?

La mejor solución a este dilema es considerar como válida la opinión de la mayoría, lo que constituye el cimiento de un gobierno democrático. Sin embargo, el mero hecho de participar en una elección, tampoco agota el derecho de todos y cada uno de los miembros de la sociedad a participar de manera continua, en el desarrollo de políticas públicas.

Existen dos procesos gubernamentales que, para efectos de lo anterior, hay que tomar en cuenta:

Hay una multiplicidad de funciones que directamente deben ser ejecutadas por las autoridades.  Tenemos por ejemplo el ejercicio de funciones administrativas, tales como la aplicación de la ley al emitir sanciones, la sustanciación de procesos de licitación, o el desarrollo de infraestructura de suministro de agua.  En estas funciones la labor principal del ciudadano debe concentrarse en la vigilancia y la rendición de cuentas en el ámbito técnico.

Sin embargo, existe otro nivel de decisiones públicas donde la participación social se compara con el interés público, y donde los ciudadanos se concentran en que el gobierno incida directamente en su bienestar, lo cual es además, el fin más importante de todo Estado.

Ahora bien, la participación social requiere, para lograr este impacto, realizarse de forma eficiente, y para ello es indispensable que se dé en forma de organización social.  Esta puede entenderse como una actividad permanente y responsable –de orden cien por ciento ciudadana-, en la que se permite el desarrollo de capacidades para ejercer la participación ciudadana.

¿Cómo entonces, formar ciudadanos para que participen socialmente? El primer elemento que salta a la vista es el valor por el interés público. Se trata de un principio de dignidad social por medio del cual un individuo, asigna el mismo valor a sus intereses que a los de sus semejantes, reconociendo que en tanto mejor sea el nivel de vida de la comunidad, mejor será el propio.

No puede estar exento de lo anterior la construcción de una cultura por la paz y la legalidad.  Es decir, la participación social debe tender a la construcción tanto de mejores instancias públicas, así como de mejores familias, comunidades, colonias y desde luego, de mejores ciudadanos.  Se trata pues, de la verdadera y genuina construcción de una cultura democrática, que más que en un mero efecto electoral, se demuestra en ciudadanos preocupados y ocupados por participar con calidad y pertinencia en políticas públicas.

¿Cómo lograr que autoridades y ciudadanos hablemos un mismo idioma?  El primer objetivo consiste en igualar e identificar los objetivos a los que ambas partes tendemos. Los ciudadanos y el gobierno (que además es un producto de la ciudadanía) tienen el fin primordial de buscar el orden y la paz. 

El segundo paso entraña exhortar a los ciudadanos a convivir en sociedad, reconociendo la importancia que surge de la interdependencia, lo que implica el valorar la relación que todo individuo tiene con la comunidad en la que se desenvuelve.

Pareciera que, en este momento, una gran parte de la participación ciudadana demanda de una evolución desde la participación mediática hacia la participación efectiva.  Inclusive, un comité, consejo, asamblea u observatorio que logre trascender hacia el análisis y la propuesta, incrementará sensiblemente el valor de la voz ciudadana.

Toda expresión social es valiosa por sí, y desde luego, debe ser escuchada, analizada y atendida. Cobra pues valor, que la interpretación y el sentido que las voces sociales dan a los problemas de la comunidad, sean capaces de construir propuestas y alternativas realistas en función del interés general. 

Una participación social así entendida, no sólo es valiosa, sino también indispensable para la legitimación de las instituciones públicas, además de ser prueba de una sociedad madura, democrática, transparente y gobernable.

El papel de los observatorios ciudadanos por tanto, debe partir del reconocimiento del sentido, el valor y la trascendencia que tiene la participación ciudadana. 

No es por tanto prioritario, posicionarse como un monitor de problemáticas, sino evolucionar hacia una cultura dinámica de participación.

Trabajar de esta forma no resulta sencillo. Implica pues, desarrollar la capacidad deliberativa de las organizaciones sociales, a fin de incorporar la participación en el espacio público en forma de presencia institucionalizada.

En el Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública tenemos el compromiso de constituirnos como un agente de propuesta. 

Sabemos que pronunciarse sobre el complejo problema de la seguridad, demanda conocer a fondo la realidad social de nuestro Estado y de los municipios.  Los planes y programas que actualmente se encuentran vigentes, dan pautas tanto generales como especiales para el desarrollo de acciones que, en todo caso, deben incidir en la prevención de todos los tipos de violencia. 

Ciertamente, “observaremos” de manera fundada, responsable y propositiva, las principales acciones que, en los tres niveles de gobierno, se han llevado a cabo en aras de este importante fin.

Esta responsabilidad implica, reconocer el papel que los más diversos actores sociales tienen en la seguridad pública. Desde luego, nos referimos a familias, escuelas, iglesias, comunidades, municipio, y claro está, ciudadanos.

C.P. Juan Manuel Ayala Torres
Presidente del Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.
 

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