La Justicia Restaurativa como mecanismo efectivo de prevención del delito
Fecha: 2017-10-03

Dr. Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

Director del Departamento de Derecho, Universidad de Guanajuato

Las teorías que justifican la pena se han clasificado tradicionalmente en dos grandes grupos: las retributivas y las preventivas. Para el primer grupo, la pena tiene como función principal la de castigar al infractor por el daño causado a la víctima con la comisión del delito. Se conocen también como absolutas porque consideran que la pena tiene algún fin absoluto: la obtención de la justicia, el imperio de la ley, el restablecimiento del derecho. Frente a estas posturas, encontramos a un segundo grupo que entiende que la pena tiene un fin relativo: la prevención del delito. Éstas a su vez se subdividen en prevención general (que entienden que la pena es un mensaje dirigido a la colectividad en torno a confiar en la norma o una amenaza a los ciudadanos para que no delincan) y prevención especial (las que consideran que el mensaje va dirigido al infractor para que no vuelva a delinquir a través de la reinserción o bien de la inocuización).

Sin embargo, el crecimiento en los índices de criminalidad y la reincidencia, no obstante el aumento indiscriminado de tipos penales y de penas privativas de libertad, así como la imposición y ejecución de penas a los delincuentes, nos lleva a considerar que han fracasado los fines preventivos de la pena. Y es que aunque se reconoce que el Derecho Penal de un Estado social y democrático de derecho tiene como función principal la de proteger los bienes jurídicos de mayor importancia y que resultan indispensables para garantizar la convivencia pacífica de la sociedad, tal protección cede frente a la necesidad de garantizar la libertad de los gobernados.

Es por ello que consideramos que para prevenir eficazmente el delito, se debe recurrir principalmente al combate de sus causas. Contrario a ello, la política criminal de la gran mayoría de los modernos estados democráticos se ha centrado en el endurecimiento del Derecho Penal, que lejos de resolver las problemáticas sociales las agrava, pues la violencia solo genera más violencia.

La implementación de los coloquialmente llamados Juicios Orales en nuestro país mediante la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública de 2008 tuvo como finalidad un cambio de paradigma en la solución de los conflictos de naturaleza penal. En el sistema acusatorio adversarial se pretende alcanzar la llamada Justicia Restaurativa, que no es otra cosa que la posibilidad de que sean las propias partes las que resuelvan su conflicto a partir del reconocimiento de la responsabilidad y del otorgamiento del perdón, que logre alcanzar una resolución del caso justa y que deje satisfechos a los involucrados en el drama penal, restaurando con ello el tejido social roto con el delito.

Por ello, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se constituyen como la columna vertebral del nuevo sistema, pues solo un reducido número de casos deben llegar a judicializarse. Y aún estos, deben ser resueltos por la autoridad jurisdiccional teniendo como objetivo el alcanzar la justicia restaurativa. Con esta nueva visión, se logrará disminuir la violencia, tanto la institucional como la social, previniendo la lesión a bienes jurídicos, por lo que la justicia restaurativa es otro medio efectivo para prevenir el delito. Precisamente por esto no es de extrañar que en la reciente adición de un nuevo párrafo tercero al artículo 17 constitucional de septiembre de este año se señale que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, puesto que en no pocas ocasiones éstos últimos solo agravan los problemas en vez de resolverlos.

Así, resulta fundamental la socialización del nuevo sistema penal, pues la falta de conocimiento de su funcionamiento ha llevado a un malestar social, pues se considera que con este nuevo sistema se propicia impunidad, lo que desde luego no es correcto. En la medida que se logre hacer del conocimiento de la sociedad las bondades del mismo, su implementación será exitosa, pues en él tiene un rol protagónico la sociedad al ser ella, a través de las víctimas y los inculpados, quienes en el mayor de los casos deben resolver los conflictos sociales de naturaleza penal a través de la mediación, la conciliación y la negociación, principales mecanismos alternos de solución de controversias en el ámbito penal.

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